Acaxochitlán, Hgo. El miedo de los habitantes de la comunidad de Zacacuautla –de este municipio- a ser asesinados, como ocurrió con Samuel Cruz Hernández y Francisco Gómez García, los obligó a abandonar su lucha para impedir la tala indiscriminada e impune del bosque que da vida a este pueblo de la sierra Otomi-Tepehua. A ese miedo, sin embargo, siguen la indignación e impotencia de ver cómo se consuma lo que calificaron de “ecocidio” y anima a los valientes vecinos de la zona a insistir en su lucha, una de sus facetas consiste en enfrentarse a la temible familia Canales Templos, e incluso contra las autoridades locales.
De antemano, algunos confiesan, que saben bien que tienen perdida la batalla. Saben que en este país la Justicia cuesta y ellos carecen del dinero para comprarla. Por eso, los vecinos de Zacacuautla refieren los casos de Francisco Gómez y Samuel Cruz, cuyas muertes siguen impunes. El origen de esta tragedia no sólo local sino estatal, comenzó cuando la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), otorgó irregularmente a una persona que no es dueña del bosque, un permiso para explotar madera.
Por la intervención de la dependencia federal, el gobierno del estado y el presidente municipal se lavan las manos al argumentar que el permiso para la tala lo otorgó una instancia federal. Con ese argumento ambos representantes ciudadanos olvidan que existe un añejo litigio por la tenencia de la tierra entre particulares en el que todo un pueblo está involucrado, y que una sentencia judicial ya les dio la razón a los habitantes del pueblo como sus dueños históricos.
Hasta antes del 2002, Zacacuautla era un pueblo tranquilo, -narran las mujeres a Contralínea-Hidalgo, durante su recorrido por la zona devastada - unas 60 hectáreas de monte que funcionaban como tierra comunal, aunque todas sabían que pertenecía a la familia Gómez-. De esos terrenos, todos los habitantes de la comunidad se abastecían de leña, otros más construyeron sus casas con madera de este bosque que pedían a Francisco Gómez García, a quien sin excepción reconocían como autentico dueño del bosque desde hace muchos años.
Ese monte, recuerdan ahora los vecinos, siempre estuvo solo, sin cercar, porque los dueños nunca vivieron en la comunidad.
Todo cambió a principios del 2002. La tradicional tranquilidad del pueblo se rompió con el asesinato de don Francisco Gómez García. Los pobladores, aunque reconocen que no tienen pruebas, aseguran que la responsabilidad de esa muerte recae en la familia Canales Templos, y reiteran que Francisco fue asesinado para despojarlo de sus tierras.
Aunque los pobladores de la zona reiteran que carecen de pruebas para señalar a la familia Canales Templos del asesinato de Gómez García, explican que casualmente su muerte ocurrió poco tiempo después de que el pueblo lo llamó para solicitarle que donara un pedazo de tierra para construir un panteón. A esa petición, Gómez García respondió con la donación de dos hectáreas, aunque la operación nunca se concretó porque fue asesinado unos meses después.
Inquietos, los vecinos expresan sus dudas sobre la causa de la muerte de Francisco Gómez. Revelan que el asesinato ocurrió cuando él intentaba expulsar de sus tierras a la familia Canales Templos, quienes desde entonces ya pretendían apropiarse de esa tierra mediante la siembra de cultivos en el paraje conocido como “El Plan”, aprovechando la ausencia del dueño.
Poco tiempo después del homicidio una comisión acudió a visitar a Alejandro Gómez García, hermano y albacea del extinto Francisco Gómez, para informarle del acuerdo verbal que tenía el pueblo con su hermano. Sin más preámbulo, explican los vecinos, el nuevo dueño estuvo de acuerdo y ofreció venderle al pueblo dos hectáreas más, ya que dos serían insuficientes para el panteón del pueblo. En seguida, la comunidad constituida en Asamblea optó por escoger el paraje conocido como “El Plan”, ya que está libre de árboles por haber sido una zona de siembra.
Casi enseguida se legalizó la operación con la firma de un documento que avalaba las cuatro hectáreas y se hizo entrega del predio. El terreno fue recibido por las autoridades y cercado ese mismo día por gente de la comunidad con alambre de púas.
Policía municipal sirve a un particular
Pero la reacción de la familia Canales no se hizo esperar. Por la noche y con la ayuda de la policía municipal, Edmundo Canales Franco, jefe del clan, derribó la cerca e interpuso una denuncia por el delito de despojo en su agravio y en contra de los dueños del predio y de las autoridades del pueblo.
Como respuesta a la participación de la policía municipal por derribar la cerca, la mayoría de los habitantes de Zacacuautla, tomaron las instalaciones de presidencia municipal, entonces gobernada por el Partido Acción Nacional, en señal de protesta. Tras interponer la denuncia penal -continúan con su relato los habitantes de este paraíso- el pueblo se planteó como prioridad proteger a los demandados, en virtud de que todos tenían órdenes de aprehensión.
De esta manera, se tramitaron para ellos amparos y se recabó dinero para las fianzas. Mientras tanto, la defensa del terreno quedó pendiente.
En septiembre del 2004 fue asesinado a la puerta de su casa, Samuel Cruz Hernández, uno de los más visibles luchadores sociales, y ferviente defensor del bosque. Samuel vivía cerca del bosque y eso le permitía mantener a raya a los talamontes, y en especial, oponerse abiertamente a las actividades ilícitas de la familia Canales Templos.
También mantenía informado al pueblo de todo cuanto ocurría en el monte. Como en el caso de Francisco, este otro crimen permanece impune y los pobladores afirman que todos en el pueblo conocen quiénes son los autores intelectuales, aunque se ignore quiénes son los autores materiales.
Desconfianza en el gobierno
Contra toda esperanza, el 27 de junio del 2003 el Tribunal Superior de Justicia dictó la sentencia definitiva sobre la demanda de despojo que pesaba sobre los señores Gómez García. De esta manera, los acreditó como dueños del terreno y los absolvió del delito de despojo. Otra sentencia igual se dictó a favor de las autoridades del pueblo y además retiró las órdenes de aprehensión que pesaban sobre esa familia.
De esta manera, el fallo señaló que los hermanos Eugenio, Celestino y Eduardo de apellidos Canales Templos, son responsables del delito de despojo en agravios de Gómez García. De igual forma se reconoció que el pueblo es propietario de las cuatro hectáreas en donde se construirá la ampliación del panteón.
Hasta entonces, los trámites se desarrollaban de manera positiva, reseñan los habitantes del poblado, en su mayoría mujeres -al tiempo en que exhiben su indignación cuando el camino se detiene por decenas de árboles derribados y por el ruido de tres motosierras que trabajan sin cesar en algún lugar del bosque--. El pueblo parecía haber recobrado la paz y la confianza en las autoridades, que además ocurrió en el momento de la toma de posesión del nuevo alcalde, ahora del PRI, Miguel Ángel de la Fuente López.
El nuevo edil, cuando hizo campaña en la zona, prometió entre otros, Justicia para la viuda de Samuel Cruz y sus dos hijos menores de edad. En su toma de protesta se comprometió a ayudar al pueblo a cercar nuevamente el predio en disputa, pues se había probado que la policía municipal había participado en la destrucción de la cerca.
Sin embargo, a más de haber transcurrido más de un año de la actual gestión, no se ha aplicado la justicia. Por el contrario, denuncian los pobladores, ahora la tala continúa de forma selectiva y hace unos dos meses adoptó un ritmo brutal, con lo que prácticamente el bosque se limpió de árboles. Las armas asesinas son tres motosierras que trabajan de día y noche.
“Derriban árboles chicos, grandes, plantas; sólo dejan la tierra pelona y llena de basura”, relatan los vecinos al tiempo en que señalan al reportero el sitio que fue un tupido bosque de pinos y oyameles. A juzgar por los restos de los troncos que quedaron clavados en la tierra, los montones de leña y la basura, fruto de lo que fueron las hojas de los árboles y arbustos, la tala fue cruel.
“Es lamentable y penoso para nosotros ver cómo las autoridades municipal, estatal y federal se han coludido de esa manera para favorecer a los hijos de Edmundo Canales Franco, Margarita Canales Templos y Pedro Canales Templos. A ellos la Semarnat les otorgó un permiso por 10 años para explotar la madera de este bosque y pasó por alto que no son los dueños del terreno, según la sentencia judicial del 27 de junio del 2003”, recuerdan los entrevistados.
Para una de las mujeres de tendencia priísta de la comunidad, es triste que el nuevo edil haya asumido la misma posición que el anterior alcalde para favorecer a la familia Canales Templos. La pobladora reseñó que con la confianza de ser colaboradoras cercanas de ese partido, acudieron a plantearle el problema de la tala del bosque al doctor Miguel Ángel de la Fuente y su preocupación por el riesgo de que se contamine el manantial de la zona, que es la única fuente que surte a esta comunidad de agua potable.
La decepción de esa mujer fue mayor cuando ella y sus compañeras fueron recibidas por el actual alcalde con una actitud déspota y prepotente. Aseguran que no les permitió plantear su inquietud y con un tono de confianza, “probablemente, por ser compañeras de partido”, el alcalde reconoció que “el monte es de la familia Canales y que los permisos para talar los otorgó la Semarnat, por lo que son legales y yo no puedo hacer nada”. Al final del encuentro, de la Fuente con tono autoritario les exigió que no se metieran en ese problema.
Con respecto al terreno en disputa, propiedad del pueblo y que les fue reconocido en la sentencia del 27 de junio, el presidente municipal respondió a una pregunta de sus visitantes en un tono que pretendía restarle importancia: “¿Por ese terrenito que no está escriturado están pelando?”. Más adelante, otra vecina logró plantearle al edil de Acaxochitlán en esa reunión, la destrucción del ecosistema por esa tala inmoderada. En respuesta, las vecinas del poblado recibieron una instrucción del alcalde: “pónganse a reforestar y en 20 años más volverán a tener su bosque nuevamente”.
“Usted doña Benita –agregó el edil de la Fuente- ¿Cuántas hectáreas tiene de bosque?, reforéstelas y no se ande metiendo en otras propiedades”. Y sobre el problema de la fauna que perderá su hábitat natural con la criminal tala, el presidente municipal también encontró la solución al problema al sugerirles a sus visitantes: “Que los animalitos se vayan a otro bosque”.
En el trayecto de esta caminata por el bosque, Contralínea-Hidalgo encentra un tractor que jala árboles caídos, un camión cargado de madera y a varios inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Responden a la demanda interpuesta por los vecinos de Zacacuautla, como parte de las acciones de resistencia que emprendieron para detener la tala del bosque, como ya lo habían hecho por primera vez unos cinco años. También está entre el grupo Pedro Canales Templos (uno de los beneficiarios con uno de los permiso de la Semarnat), quien lleva bajo el brazo un expediente repleto de documentos oficiales.
Zacacuautla, un pueblo con miedo
No tienen que decirlo, Zacacuautla es un pueblo con miedo, primero por los dos asesinatos que aún permanecen impunes y después por las órdenes de aprehensión que se giraron contra las autoridades del lugar. Por eso, el pueblo tuvo que pagar las fianzas mientras que la familia Canales Templos ha demostrado que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos.
Un pequeño grupo de mujeres da la cara. Pocos hombres de la comunidad se involucran, tal vez porque el día de la visita a este poblado situado en los límites de Hidalgo y Puebla, al oriente de la entidad y a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tulancingo, sea un día hábil. Pero los pocos hombres que participan poco hablan y piden que se les nombre genéricamente “como el pueblo”, sin nombres, porque, dicen “están advertidos”.
La muerte de Samuel Cruz impregnó de temor el ambiente. La indignación fue más grande y los animó a tomar por primera vez la presidencia, pero como ese hecho generó represalias por el anterior alcalde, le negó a la comunidad toda clase de obras y la gente se preocupó tanto que ahora manifiesta abiertamente su temor.
Todos se conocen entre sí, por eso la historia de la familia Canales Templos no les es ajena. Los acontecimientos que rodean a esta familia tienen olor a tragedia y muertes extrañas nada claras, señalan varios pobladores entrevistados.
El hijo mayor de la familia murió accidentalmente de un balazo, se piensa que a manos del padre, quien pensó que se trataba de otra persona con la que tenía problemas. Este caso se justificó porque se ignoraba quién lo había matado. Se especula que la esposa de Edmundo Canales Franco y madre de los hermanos Canales Templos, también pudo morir de un balazo, aunque se afirmó que fue de muerte natural. Pero sólo ellos lo saben, aceptan.
Aora, pesa sobre esa familia la sospecha de ser los responsables de las muertes de Samuel Cruz Hernández y Francisco Gómez García y de pretender adjudicarse por la mala 60 hectáreas de bosque en esta comunidad. Para ello, presentaron una escritura con fecha del 2003 y en la que ni siquiera coinciden las colindancias, denuncian algunos testigos.
También es notable la influencia de esta familia en el ámbito político y social de la región. Hasta el cura del pueblo es su compadre y el presidente municipal, por lo que no se descarta el tráfico de influencias para obtener los permisos de explotación de bosques cuya propiedad es dudosa. En voz baja, los vecinos comentan que las escrituras que poseen los Canales se obtuvieron por terror o repartiendo dinero a algunas autoridades. “Así operan”, dicen.
Sumado al temor a esta familia, originaria de Tonalisco, Puebla, existe el miedo a las bandas organizadas de asaltantes y taladores de bosques, un hecho ya admitido por el alcalde quien acepta el escaso resultado en el combate a la tala clandestina local que devastó ya gran parte de los bosque de Acaxochitlán.
Por eso, la gente tiene miedo. Por esa razón muy pocos se involucran para ayudar, aunque simpaticen con el movimiento reivindicador, pues les preocupa que al talar el bosque para construir cabañas, como se sospecha, el arroyo de agua que les abastece de agua, tal vez se seque por falta de árboles.
Publicado: Año 2 / Marzo 2007 / No. 18
De antemano, algunos confiesan, que saben bien que tienen perdida la batalla. Saben que en este país la Justicia cuesta y ellos carecen del dinero para comprarla. Por eso, los vecinos de Zacacuautla refieren los casos de Francisco Gómez y Samuel Cruz, cuyas muertes siguen impunes. El origen de esta tragedia no sólo local sino estatal, comenzó cuando la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), otorgó irregularmente a una persona que no es dueña del bosque, un permiso para explotar madera.
Por la intervención de la dependencia federal, el gobierno del estado y el presidente municipal se lavan las manos al argumentar que el permiso para la tala lo otorgó una instancia federal. Con ese argumento ambos representantes ciudadanos olvidan que existe un añejo litigio por la tenencia de la tierra entre particulares en el que todo un pueblo está involucrado, y que una sentencia judicial ya les dio la razón a los habitantes del pueblo como sus dueños históricos.
Hasta antes del 2002, Zacacuautla era un pueblo tranquilo, -narran las mujeres a Contralínea-Hidalgo, durante su recorrido por la zona devastada - unas 60 hectáreas de monte que funcionaban como tierra comunal, aunque todas sabían que pertenecía a la familia Gómez-. De esos terrenos, todos los habitantes de la comunidad se abastecían de leña, otros más construyeron sus casas con madera de este bosque que pedían a Francisco Gómez García, a quien sin excepción reconocían como autentico dueño del bosque desde hace muchos años.
Ese monte, recuerdan ahora los vecinos, siempre estuvo solo, sin cercar, porque los dueños nunca vivieron en la comunidad.
Todo cambió a principios del 2002. La tradicional tranquilidad del pueblo se rompió con el asesinato de don Francisco Gómez García. Los pobladores, aunque reconocen que no tienen pruebas, aseguran que la responsabilidad de esa muerte recae en la familia Canales Templos, y reiteran que Francisco fue asesinado para despojarlo de sus tierras.
Aunque los pobladores de la zona reiteran que carecen de pruebas para señalar a la familia Canales Templos del asesinato de Gómez García, explican que casualmente su muerte ocurrió poco tiempo después de que el pueblo lo llamó para solicitarle que donara un pedazo de tierra para construir un panteón. A esa petición, Gómez García respondió con la donación de dos hectáreas, aunque la operación nunca se concretó porque fue asesinado unos meses después.
Inquietos, los vecinos expresan sus dudas sobre la causa de la muerte de Francisco Gómez. Revelan que el asesinato ocurrió cuando él intentaba expulsar de sus tierras a la familia Canales Templos, quienes desde entonces ya pretendían apropiarse de esa tierra mediante la siembra de cultivos en el paraje conocido como “El Plan”, aprovechando la ausencia del dueño.
Poco tiempo después del homicidio una comisión acudió a visitar a Alejandro Gómez García, hermano y albacea del extinto Francisco Gómez, para informarle del acuerdo verbal que tenía el pueblo con su hermano. Sin más preámbulo, explican los vecinos, el nuevo dueño estuvo de acuerdo y ofreció venderle al pueblo dos hectáreas más, ya que dos serían insuficientes para el panteón del pueblo. En seguida, la comunidad constituida en Asamblea optó por escoger el paraje conocido como “El Plan”, ya que está libre de árboles por haber sido una zona de siembra.
Casi enseguida se legalizó la operación con la firma de un documento que avalaba las cuatro hectáreas y se hizo entrega del predio. El terreno fue recibido por las autoridades y cercado ese mismo día por gente de la comunidad con alambre de púas.
Policía municipal sirve a un particular
Pero la reacción de la familia Canales no se hizo esperar. Por la noche y con la ayuda de la policía municipal, Edmundo Canales Franco, jefe del clan, derribó la cerca e interpuso una denuncia por el delito de despojo en su agravio y en contra de los dueños del predio y de las autoridades del pueblo.
Como respuesta a la participación de la policía municipal por derribar la cerca, la mayoría de los habitantes de Zacacuautla, tomaron las instalaciones de presidencia municipal, entonces gobernada por el Partido Acción Nacional, en señal de protesta. Tras interponer la denuncia penal -continúan con su relato los habitantes de este paraíso- el pueblo se planteó como prioridad proteger a los demandados, en virtud de que todos tenían órdenes de aprehensión.
De esta manera, se tramitaron para ellos amparos y se recabó dinero para las fianzas. Mientras tanto, la defensa del terreno quedó pendiente.
En septiembre del 2004 fue asesinado a la puerta de su casa, Samuel Cruz Hernández, uno de los más visibles luchadores sociales, y ferviente defensor del bosque. Samuel vivía cerca del bosque y eso le permitía mantener a raya a los talamontes, y en especial, oponerse abiertamente a las actividades ilícitas de la familia Canales Templos.
También mantenía informado al pueblo de todo cuanto ocurría en el monte. Como en el caso de Francisco, este otro crimen permanece impune y los pobladores afirman que todos en el pueblo conocen quiénes son los autores intelectuales, aunque se ignore quiénes son los autores materiales.
Desconfianza en el gobierno
Contra toda esperanza, el 27 de junio del 2003 el Tribunal Superior de Justicia dictó la sentencia definitiva sobre la demanda de despojo que pesaba sobre los señores Gómez García. De esta manera, los acreditó como dueños del terreno y los absolvió del delito de despojo. Otra sentencia igual se dictó a favor de las autoridades del pueblo y además retiró las órdenes de aprehensión que pesaban sobre esa familia.
De esta manera, el fallo señaló que los hermanos Eugenio, Celestino y Eduardo de apellidos Canales Templos, son responsables del delito de despojo en agravios de Gómez García. De igual forma se reconoció que el pueblo es propietario de las cuatro hectáreas en donde se construirá la ampliación del panteón.
Hasta entonces, los trámites se desarrollaban de manera positiva, reseñan los habitantes del poblado, en su mayoría mujeres -al tiempo en que exhiben su indignación cuando el camino se detiene por decenas de árboles derribados y por el ruido de tres motosierras que trabajan sin cesar en algún lugar del bosque--. El pueblo parecía haber recobrado la paz y la confianza en las autoridades, que además ocurrió en el momento de la toma de posesión del nuevo alcalde, ahora del PRI, Miguel Ángel de la Fuente López.
El nuevo edil, cuando hizo campaña en la zona, prometió entre otros, Justicia para la viuda de Samuel Cruz y sus dos hijos menores de edad. En su toma de protesta se comprometió a ayudar al pueblo a cercar nuevamente el predio en disputa, pues se había probado que la policía municipal había participado en la destrucción de la cerca.
Sin embargo, a más de haber transcurrido más de un año de la actual gestión, no se ha aplicado la justicia. Por el contrario, denuncian los pobladores, ahora la tala continúa de forma selectiva y hace unos dos meses adoptó un ritmo brutal, con lo que prácticamente el bosque se limpió de árboles. Las armas asesinas son tres motosierras que trabajan de día y noche.
“Derriban árboles chicos, grandes, plantas; sólo dejan la tierra pelona y llena de basura”, relatan los vecinos al tiempo en que señalan al reportero el sitio que fue un tupido bosque de pinos y oyameles. A juzgar por los restos de los troncos que quedaron clavados en la tierra, los montones de leña y la basura, fruto de lo que fueron las hojas de los árboles y arbustos, la tala fue cruel.
“Es lamentable y penoso para nosotros ver cómo las autoridades municipal, estatal y federal se han coludido de esa manera para favorecer a los hijos de Edmundo Canales Franco, Margarita Canales Templos y Pedro Canales Templos. A ellos la Semarnat les otorgó un permiso por 10 años para explotar la madera de este bosque y pasó por alto que no son los dueños del terreno, según la sentencia judicial del 27 de junio del 2003”, recuerdan los entrevistados.
Para una de las mujeres de tendencia priísta de la comunidad, es triste que el nuevo edil haya asumido la misma posición que el anterior alcalde para favorecer a la familia Canales Templos. La pobladora reseñó que con la confianza de ser colaboradoras cercanas de ese partido, acudieron a plantearle el problema de la tala del bosque al doctor Miguel Ángel de la Fuente y su preocupación por el riesgo de que se contamine el manantial de la zona, que es la única fuente que surte a esta comunidad de agua potable.
La decepción de esa mujer fue mayor cuando ella y sus compañeras fueron recibidas por el actual alcalde con una actitud déspota y prepotente. Aseguran que no les permitió plantear su inquietud y con un tono de confianza, “probablemente, por ser compañeras de partido”, el alcalde reconoció que “el monte es de la familia Canales y que los permisos para talar los otorgó la Semarnat, por lo que son legales y yo no puedo hacer nada”. Al final del encuentro, de la Fuente con tono autoritario les exigió que no se metieran en ese problema.
Con respecto al terreno en disputa, propiedad del pueblo y que les fue reconocido en la sentencia del 27 de junio, el presidente municipal respondió a una pregunta de sus visitantes en un tono que pretendía restarle importancia: “¿Por ese terrenito que no está escriturado están pelando?”. Más adelante, otra vecina logró plantearle al edil de Acaxochitlán en esa reunión, la destrucción del ecosistema por esa tala inmoderada. En respuesta, las vecinas del poblado recibieron una instrucción del alcalde: “pónganse a reforestar y en 20 años más volverán a tener su bosque nuevamente”.
“Usted doña Benita –agregó el edil de la Fuente- ¿Cuántas hectáreas tiene de bosque?, reforéstelas y no se ande metiendo en otras propiedades”. Y sobre el problema de la fauna que perderá su hábitat natural con la criminal tala, el presidente municipal también encontró la solución al problema al sugerirles a sus visitantes: “Que los animalitos se vayan a otro bosque”.
En el trayecto de esta caminata por el bosque, Contralínea-Hidalgo encentra un tractor que jala árboles caídos, un camión cargado de madera y a varios inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Responden a la demanda interpuesta por los vecinos de Zacacuautla, como parte de las acciones de resistencia que emprendieron para detener la tala del bosque, como ya lo habían hecho por primera vez unos cinco años. También está entre el grupo Pedro Canales Templos (uno de los beneficiarios con uno de los permiso de la Semarnat), quien lleva bajo el brazo un expediente repleto de documentos oficiales.
Zacacuautla, un pueblo con miedo
No tienen que decirlo, Zacacuautla es un pueblo con miedo, primero por los dos asesinatos que aún permanecen impunes y después por las órdenes de aprehensión que se giraron contra las autoridades del lugar. Por eso, el pueblo tuvo que pagar las fianzas mientras que la familia Canales Templos ha demostrado que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos.
Un pequeño grupo de mujeres da la cara. Pocos hombres de la comunidad se involucran, tal vez porque el día de la visita a este poblado situado en los límites de Hidalgo y Puebla, al oriente de la entidad y a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tulancingo, sea un día hábil. Pero los pocos hombres que participan poco hablan y piden que se les nombre genéricamente “como el pueblo”, sin nombres, porque, dicen “están advertidos”.
La muerte de Samuel Cruz impregnó de temor el ambiente. La indignación fue más grande y los animó a tomar por primera vez la presidencia, pero como ese hecho generó represalias por el anterior alcalde, le negó a la comunidad toda clase de obras y la gente se preocupó tanto que ahora manifiesta abiertamente su temor.
Todos se conocen entre sí, por eso la historia de la familia Canales Templos no les es ajena. Los acontecimientos que rodean a esta familia tienen olor a tragedia y muertes extrañas nada claras, señalan varios pobladores entrevistados.
El hijo mayor de la familia murió accidentalmente de un balazo, se piensa que a manos del padre, quien pensó que se trataba de otra persona con la que tenía problemas. Este caso se justificó porque se ignoraba quién lo había matado. Se especula que la esposa de Edmundo Canales Franco y madre de los hermanos Canales Templos, también pudo morir de un balazo, aunque se afirmó que fue de muerte natural. Pero sólo ellos lo saben, aceptan.
Aora, pesa sobre esa familia la sospecha de ser los responsables de las muertes de Samuel Cruz Hernández y Francisco Gómez García y de pretender adjudicarse por la mala 60 hectáreas de bosque en esta comunidad. Para ello, presentaron una escritura con fecha del 2003 y en la que ni siquiera coinciden las colindancias, denuncian algunos testigos.
También es notable la influencia de esta familia en el ámbito político y social de la región. Hasta el cura del pueblo es su compadre y el presidente municipal, por lo que no se descarta el tráfico de influencias para obtener los permisos de explotación de bosques cuya propiedad es dudosa. En voz baja, los vecinos comentan que las escrituras que poseen los Canales se obtuvieron por terror o repartiendo dinero a algunas autoridades. “Así operan”, dicen.
Sumado al temor a esta familia, originaria de Tonalisco, Puebla, existe el miedo a las bandas organizadas de asaltantes y taladores de bosques, un hecho ya admitido por el alcalde quien acepta el escaso resultado en el combate a la tala clandestina local que devastó ya gran parte de los bosque de Acaxochitlán.
Por eso, la gente tiene miedo. Por esa razón muy pocos se involucran para ayudar, aunque simpaticen con el movimiento reivindicador, pues les preocupa que al talar el bosque para construir cabañas, como se sospecha, el arroyo de agua que les abastece de agua, tal vez se seque por falta de árboles.
Publicado: Año 2 / Marzo 2007 / No. 18
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